El pasado sábado los policías arremetieron contra niños y ancianos FOTO ARTURO CAMPOS CEDILLOJorge Gómez Naredo
Las palabras de Fernando Guzmán Pérez Peláez, secretario general de Gobierno del estado de Jalisco, fueron claras: “el estado de derecho exige también el respeto a derechos esenciales de las personas como es el derecho al tránsito y que la manifestación de las ideas sea sin perjuicios de los derechos de los demás”. Es decir, quien ose manifestarse e impedir el tránsito será reprimido; quien cometa el incivil delito de tener una cuita o inconformidad en la cabeza y la haga visible, la alce y le dé voz, se topará con el sacrosanto estado de derecho de los demás, y con los toletes y los antimotines que son entrenados para golpear y humillar. Los que se manifiestan deben tener muy claras las palabras de Guzmán Pérez Peláez: salir a las calles y exigir derechos o protestar por derechos violados, es, cosas de la vida, infringir el estado de derecho.
Surgen entonces demasiadas, un montón de preguntas. ¿Cuándo el gobierno de Jalisco reprimirá, golpeará y meterá a la cárcel a todos los que han impedido que en la entidad no exista, como lo exige la Constitución mexicana, sustento digno para todos los habitantes, educación para la población entera, trabajo digno para quien ha nacido en estas tierras?, ¿cuándo irán los policías de Jalisco, con sus macanas y sus escudos, con sus gestos malencarados y sus pomitos de gases lacrimógenos, por ellos?, ¿cuándo Guzmán Pérez Peláez ordenará la detención de quienes han violado esos derechos “esenciales”?
¿Cuándo Emilio González Márquez (que es el jefe de Guzmán Pérez Peláez y responsable del actuar de la policía en el estado de Jalisco), ordenará que todos los miembros de la Secretaría de Seguridad Jalisco se organicen y capturen a los que violan el artículo 1° (un derecho “esencial”, sin duda) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”? ¿Cuándo?
¿Cuándo Fernando Guzmán Pérez Peláez se preocupará tanto por los “derechos esenciales” de las personas y montará un impresionante operativo para capturar a los culpables de infringir el artículo 123 de la Constitución mexicana, el cual, explica nítidamente: “toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil”?, ¿cuándo las autoridades estatales capturarán a los causantes del desempleo en la entidad, de la explotación de los trabajadores, de las jornadas mayores de ocho horas, de la casi esclavitud en la que viven muchos jaliscienses?, ¿cuándo Guzmán Pérez Peláez aplicará la ley a esos que impiden el cumplimiento de los derechos esenciales de los que habitamos en Jalisco?
¿Cuándo las fuerzas del orden en el estado capturarán (como lo hicieron el sábado pasado con quienes se manifestaban en contra de la construcción de las líneas 2 y 3 del Macrobús) a los culpables de que el artículo 52 de la Constitución Política del Estado de Jalisco (el cual dice: “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales deberán emitir sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales) sea violado constantemente y no se cumpla a cabalidad en la entidad? ¿Cuándo lo veremos?
Cuándo se observará a los policías ir tras los delincuentes que contaminan las tierras y las aguas jaliscienses, que tiran fincas de valor artístico e histórico, que no promueven la cultura ni la formación de conciencia ecológica?, ¿cuándo el gobernador aplicará las leyes a quienes, desde su administración, no respetan el artículo 15 que obliga a las autoridades a proteger “el patrimonio ambiental y cultural de los jaliscienses”?, ¿cuándo se cumplirá ahí “el estado de derecho”?
Y por último, una pregunta que gran parte de los jaliscienses no se ha dejado de hacer: ¿cuándo, un gobernador que tuvo la desfachatez de mentarle la madre a sus gobernados, dejará su cargo?, ¿cuándo tendrá pundonor para dimitir?, ¿cuándo ese gobernador (que ha dado ya muestra de su veta represora), ayudará a los jaliscienses para que tengan ese derecho (sin duda “esencial”) de ser representados por un mandatario digno? ¿Cuándo?
jorge_naredo@yahoo.com
Una sola mirada, diferentes visiones.
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