“No a la pena de muerte, no al retroceso ideológico.”

Es como un trabajo malogrado, pero aquí está:


“No a la pena de muerte, no al retroceso ideológico.”
Como bien sabemos, México está en crisis, pero más que económica, esta es una crisis de carácter social. La necesidad de conseguir el pan de cada día ha llevado al pueblo a los extremos; nos encontramos en un país en el que ese pan son violaciones, secuestros y asesinatos. Como medida preventiva -y campaña política- se ha propuesto la pena de muerte a asesinos y secuestradores; el Partido Verde Ecologista, por ejemplo, se empeña en apoyar esta medida autoritaria. Durante diciembre del año pasado, en algunos estados -tal es el caso de Coahuila- se presentó una iniciativa de reformas para modificar los artículos 14 y 22 de la Constitución Federal, con el fin de restaurar la pena de muerte y aplicarla a los secuestradores que asesinen a sus víctimas. Mientras tanto, Amnistía Internacional publicó en marzo del presente año un informe acerca de la pena de muerte a nivel internacional. La organización documentó “la ejecución al menos de 2.390 personas y la imposición como mínimo de 8.864 penas de muerte”. Irene Khan, la secretaria general de Amnistía comentó: “La pena de muerte es el máximo castigo cruel, inhumano y degradante. La decapitación, la silla eléctrica, la horca, la inyección letal, el fusilamiento y la lapidación no tienen lugar en el siglo XXI”, y después se agregó “es un castigo que se impone en nombre de la justicia, mientras viola el derecho a la vida proclamado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

La pena de muerte no es más que una expresión del retroceso por el que estamos circulando, es tomar el Código de Hammurabi y aplicar la vieja ley de “Ojo por ojo, diente por diente”, cuando siglos después suponemos haber evolucionado ideológicamente. La sangre por la sangre es sólo la provocación e incitación a la venganza; la pena capital no nos puede llevar a nada bueno, debido a que estamos cometiendo el mismo delito por el que nos quejamos inicialmente. ¿Cómo podemos atrevernos a exigir que aquellos criminales no cometan asesinatos, cuando nosotros mismos promovemos el homicidio?

Como solución podríamos proponer que en vez de la pena capital, los asesinos, violadores y secuestradores fueran sentenciados a cadena perpetua y fueran obligados a cumplir con actividades de servicio social, método mediante el cual podrían resultar útiles para el Estado y el Pueblo, pero en realidad no se trata de reformar las leyes en cuanto al castigo de los criminales; tampoco se trata de implantar una medida inhumana para evitar que la gente cometa estas faltas, pues el verdadero problema respecto a las represalias es la impunidad. Desgraciadamente, son pocos los casos en México en los que los criminales reciben la sanción que la ley les impone, pero a los políticos, ésto no les afecta, sino por el contrario, le da pie a su próxima campaña publicitaria: promover una medida tan severa para que la gente piense que los partidos y sus candidatos realmente están interesados en solucionar los problemas que acontecen en el país y no en el negocio en que ha derivado la cloaca de la política. Es ahora cuando viene la pregunta: ¿quién es el culpable? ¿El gobierno? ¿El pueblo? Pues son culpables también quienes lo permiten, ya que mientras no exijamos un mejor gobierno, no obtendremos más que aquel que se ha preocupado por sus intereses sobre los de la sociedad, aquel que ha dejado que la economía y la cultura mexicana caigan en picada, directo al retroceso. Entonces, será hasta el día en que como pueblo nos levantemos para otra revolución -no de armas, pero sí ideológica- cuando lograremos que México progrese económica y socialmente; será hasta que el pueblo despierte y se mantenga unido, cuando por fin conseguiremos abolir la impunidad y olvidarnos de la pena de muerte.




Una sola mirada, diferentes visiones.